Durante años, el ecosistema fintech chileno fue observado como una promesa: emprendimientos ágiles, soluciones digitales y nuevas formas de competir con una industria financiera tradicionalmente concentrada. Esa etapa quedó atrás. Con 557 empresas operando en el país, Chile cuenta hoy con una industria diversa, capaz de movilizar grandes volúmenes de recursos, atender a millones de usuarios y proyectarse hacia otros mercados. Sin embargo, el crecimiento también revela una realidad menos cómoda: el 56% del ecosistema está compuesto por pequeñas y medianas empresas y una parte importante aún busca consolidar su escala. El problema ya no es crear una fintech. El verdadero desafío es transformarla en una organización sostenible.
El Mapa Fintech Chile 2026, elaborado por FinteChile y EY, entrega una señal especialmente relevante. La regulación y el cumplimiento normativo aparecen como el principal desafío externo del sector, con un 38% de las menciones, por encima de la competencia global y local, que alcanza un 35%, y de la necesidad de construir confianza en empresas financieras no tradicionales, con un 29%. Sin embargo, solo un 3% de las fintech declara que el cumplimiento regulatorio constituye su principal objetivo de inversión, mientras el 55% concentra sus recursos en captar clientes y ampliar mercados. Existe, por tanto, una brecha entre aquello que las empresas identifican como riesgo y aquello en lo que efectivamente están invirtiendo.
Esta contradicción puede convertirse en uno de los principales límites del crecimiento del sector. Una fintech puede contar con una buena aplicación, un modelo de inteligencia artificial y una experiencia de usuario atractiva, pero si no dispone de gobierno corporativo, controles internos, gestión de riesgos, trazabilidad y evidencia de cumplimiento, difícilmente podrá escalar de manera sostenible. En una industria regulada, el cumplimiento no constituye un trámite administrativo agregado al final del desarrollo. Es parte de la arquitectura del negocio.
La Ley Fintec ya dejó de ser una declaración de intenciones. La normativa dictada por la Comisión para el Mercado Financiero exige, según el servicio prestado, inscripción, autorización, capacidad operacional, gestión de riesgos, gobierno corporativo, capital, garantías y entrega de información a clientes y al mercado. Esto supone una transición desde el emprendimiento tecnológico hacia una verdadera institución financiera digital, con responsabilidades que no desaparecen por el hecho de operar mediante una plataforma.
La fiscalización, además, comienza a mostrar consecuencias concretas. En junio de 2026, la CMF canceló inscripciones en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros por incumplimientos de la Ley Fintec y de la NCG N.º 502. Las entidades afectadas quedaron impedidas de continuar prestando los servicios regulados y debieron informar a sus clientes sobre la conclusión de las operaciones existentes. La señal es clara: el incumplimiento puede comprometer directamente la continuidad del negocio.
A ello se suma el Sistema de Finanzas Abiertas, probablemente la transformación más significativa que enfrentará el mercado financiero chileno durante los próximos años. El intercambio de información mediante estándares interoperables puede estimular la competencia, mejorar la portabilidad de los clientes y permitir el desarrollo de servicios más personalizados. Pero también exige inversiones relevantes en APIs, autenticación, consentimiento, gestión de terceros, continuidad operacional y seguridad de la información. La propia CMF reconoció la complejidad de este proceso al modificar la NCG N.º 514, incorporar su anexo técnico y posponer la entrada en vigor del sistema hasta julio de 2027. La norma también contempló un período piloto, un entorno de pruebas y mecanismos simplificados para entidades de menor tamaño.
Este mayor plazo no debe interpretarse como una pausa regulatoria. Es una oportunidad para desarrollar capacidades. Las fintech que esperen hasta el último momento probablemente enfrentarán mayores costos, dificultades para integrar sus sistemas y una creciente dependencia de proveedores externos. Las que comiencen anticipadamente podrán incorporar el cumplimiento al diseño del producto, documentar sus procesos y convertir la regulación en una ventaja competitiva frente a empresas menos preparadas.
El tratamiento de datos personales representa otro frente decisivo. La nueva Ley N.º 21.719 entrará en vigor el 1 de diciembre de 2026 y elevará significativamente las obligaciones relacionadas con licitud, transparencia, seguridad, derechos de los titulares, transferencias internacionales y responsabilidad de quienes tratan información. Para una industria cuyo principal activo son los datos financieros y cuyo crecimiento se apoya cada vez más en algoritmos, perfilamiento e inteligencia artificial, la privacidad no puede continuar reducida a una política publicada en el sitio web.
Llama la atención que sólo un 12% de las empresas encuestadas identifique la ciberseguridad y la protección de datos entre sus principales desafíos internos. La cifra puede estar reflejando una peligrosa subestimación del riesgo. Una filtración, una interrupción operacional o una decisión automatizada incorrectamente diseñada no sólo puede generar sanciones. También puede destruir el activo más difícil de construir en los servicios financieros: la confianza.
La Ley Marco de Ciberseguridad agrega una nueva capa institucional y de obligaciones para las organizaciones que queden comprendidas en su ámbito de aplicación o sean calificadas como operadores de importancia vital. Dependiendo de su actividad y clasificación, una empresa podría enfrentar deberes de prevención, reporte de incidentes, continuidad operacional y gestión permanente de riesgos. Incluso cuando una fintech no quede directamente comprendida, estas exigencias pueden trasladarse contractualmente desde bancos, aseguradoras y grandes empresas que demandarán estándares más altos a sus proveedores tecnológicos.
El desafío regulatorio también condicionará la internacionalización. Más de la mitad de las fintech chilenas ya tiene presencia fuera del país y el 85% de aquellas que operan internacionalmente planea continuar expandiéndose. Pero cada nuevo mercado supone reglas diferentes sobre licencias, prevención del lavado de activos, protección de consumidores, ciberseguridad, transferencias de datos y servicios de pago. La internacionalización no requiere únicamente una estrategia comercial regional; exige construir una arquitectura de cumplimiento capaz de adaptarse a múltiples jurisdicciones sin perder eficiencia.
Chile enfrenta, entonces, un doble reto. Las fintech deben profesionalizar su gobierno y dejar de considerar el cumplimiento como un costo que puede postergarse hasta alcanzar cierta escala. Al mismo tiempo, el regulador debe preservar la proporcionalidad, entregar certeza, coordinar las distintas normas y evitar que las exigencias terminen fortaleciendo únicamente a los actores con mayor capacidad financiera. Una regulación demasiado débil afecta la confianza; una regulación desproporcionada puede cerrar el mercado antes de que aparezca verdadera competencia.
La próxima etapa del ecosistema fintech chileno no será ganada necesariamente por la empresa que lance más rápido una nueva funcionalidad. Será liderada por aquellas organizaciones capaces de combinar tecnología, capital, cumplimiento y confianza. En el mercado financiero, innovar permite entrar. Pero será la capacidad de gobernar los riesgos la que determinará quiénes podrán permanecer.
Andrés Pumarino Mendoza, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Magíster en Gestión de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Curso de Liderazgo Estratégico en Ciberseguridad, Florida International University EE.UU, cuenta con más de 25 años de experiencia en materia de derecho y tecnología, es director de empresas y asesora a organizaciones en materia de derecho y tecnología a empresas del sector financiero, tecnológicas, entre otras.