Las últimas actualizaciones de seguridad para transferencias de fondos, tarjetas y otros instrumentos de pago aún plantean retos de adaptación tecnológica y plazos de adecuación para la banca boliviana, ello en medio de un despunte de pagos digitales que trae consigo riesgos de fraude en los procesos.

En medio de una escasez de divisas, el país permite que las empresas públicas paguen sus obligaciones con monedas estables, abriendo una oportunidad para establecer reglas claras de operación para los negocios cripto. 

Un proyecto de ley planteado por el Poder Ejecutivo busca aplicar un régimen tributario a los negocios que realizan operaciones cripto en el país. Sin embargo, el mercado exige medidas para prevenir el lavado de dinero como una antesala básica (y urgente) para dar certidumbre a las plataformas locales. 

El respaldo institucional a los activos virtuales plantea proyecciones positivas a favor de un marco normativo para el mercado fintech. Pero las elecciones generales que este año se celebran en Bolivia podrían retrasar la tarea reglamentaria. 

Entre las prioridades está el reglamento para la emisión de licencias de los proveedores de activos virtuales y el diseño regulatorio de las finanzas abiertas obligatorias para ciertos actores de la industria.