18 junio, 2024
La ASFI delineó los estándares tecnológicos y de políticas de protección de datos para los negocios que operan como pasarelas de pagos, a fin de reforzar la seguridad en el flujo transaccional.
13 junio, 2024
Ante la falta de normas de protección, el sector privado y las autoridades conciertan que la base de la banca abierta debe ser la seguridad de los datos de los usuarios.
11 junio, 2024
La Superintendencia de Bancos publicó una circular que establece nuevas obligaciones a las entidades financieras para mejorar la transparencia, atención al consumidor y la gestión de reclamaciones.
10 junio, 2024
El gremio fintech paraguayo propuso una ley para regular el registro y la supervisión del mercado cripto. El documento, que ya fue recibido por el Ejecutivo, también intentará combatir la criptominería ilegal que afecta la disponibilidad de energía eléctrica en el país.
10 mayo, 2024
El enfoque será ético, pero orientado a promover la innovación y las inversiones, a través de alianzas en el sector privado. Adicionalmente, se plantean espacios controlados desde los que se pueda experimentar con esta tecnología.
8 mayo, 2024
El Banco Central del Uruguay propone nuevos requisitos de funcionamiento, principios de gobierno corporativo y regímenes sancionatorios con miras a establecer su sistema de pagos rápidos al 2025.
8 abril, 2024
El Banco Central del Uruguay aprovecha su nuevo rol como administrador de la interoperabilidad de pagos para adaptar su normativa al flujo de pagos inmediatos internacionales del Pix
21 marzo, 2024
La norma reconoce nuevos actores en el esquema, más allá de los bancos, algo que, para los expertos, es la entrada a regular negocios fintech que participan del flujo operacional de las tarjetas.
4 marzo, 2024
Las billeteras electrónicas ahora formarán parte del ecosistema de pagos en Guatemala, gracias a una iniciativa del Banco Central que brindará un piso “mínimo” de adecuación legal.
28 febrero, 2024
Autoridades bolivianas sentarán las bases regulatorias para los negocios fintech, pero el respaldo legal será insuficiente si los actores no desarrollan un carácter prudencial frente a riesgos y seguridad propias de la actividad