En 2026, Colombia comenzará a aplicar sus finanzas abiertas obligatorias, un paso que representará la ruptura del monopolio de los datos. El sector financiero espera que el proceso –que se implementará por fases– sea claro y cuente con normas técnicas bien definidas y equitativas para todos los participantes.
“Nos gustaría ver que la definición de estándares esté claramente delimitada, evitando criterios subjetivos que puedan excluir a las compañías no vigiladas. Es importante que se establezcan reglas muy claras que definan a quiénes deben incluir, de manera que las fintechs puedan participar en igualdad de condiciones frente a los bancos.”, señala a iupana Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech.
El proyecto de decreto, que ya cerró su fase de comentarios públicos y se aprobará este año, busca establecer un ecosistema donde los datos financieros de los usuarios puedan ser compartidos entre distintas entidades, tanto tradicionales como digitales.
Daniel Quintero, economista de BBVA Research, comenta que “el proyecto de decreto podría incluir algunos lineamientos generales en cuanto a la manera en la que los múltiples actores podemos participar y brindar experiencias, perspectivas e información relevante que sirvan como insumo para la construcción de los estándares técnicos. Creemos que los espacios de diálogo variado son claves en la búsqueda de consensos y de mejores prácticas”.
Mientras tanto, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, espera que exista una supervisión activa por parte del Gobierno “para verificar que estos estándares se respeten y así proteger los derechos de los usuarios en todo el ecosistema”.
“Ahora se cuenta con mecanismos como la verificación biométrica, la autenticación multifactorial y el cifrado de datos. Gracias a estas acciones, más del 99,9% de las transacciones bancarias están libres de fraude. Además, en 2024, el gremio invirtió 1,07 billones de pesos colombianos (alrededor de US$ 260 millones) en seguridad digital, un 97% más que en 2023”, agrega el representante del gremio bancario.
Por su parte, Quintero destaca que la versión más reciente del proyecto de decreto de Finanzas Abiertas aclara puntos como el principio de reciprocidad y la función de los terceros de confianza. Sobre lo primero, el documento explica que toda entidad que acceda a los datos en el sistema de finanzas abiertas debe estar dispuesta a compartir los datos que ellos mismos poseen. Esto siempre y cuando se tenga el consentimiento expreso del titular y, además, se cumplan los estándares técnicos. Lo que busca es lograr una simetría en los datos, fomentando la equidad y competencia.
Entre tanto, la función de los terceros de confianza es facilitar de forma segura el intercambio de datos entre los diferentes participantes del sistema de finanzas abiertas, pues son entidades certificadas, especializadas y autorizadas para estas acciones.
Brasil, Chile y Colombia ya han adoptado las finanzas abiertas de forma estructurada y obligatoria. En el caso colombiano, este factor marca una diferencia con respecto a la propuesta legal de 2022, cuando no se planteaba la obligatoriedad para las instituciones financieras reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia como ahora sí ocurre.
Para Santos, las finanzas abiertas obligatorias son “la única forma de profundizar la inclusión financiera y transformar el sector financiero”, en un modelo capaz de romper los monopolios actuales de la data “y devolvérselos a quienes verdaderamente pertenecen: a los usuarios”.
