La alta adopción de monedas estables (stablecoins), criptomonedas con paridad a una divisa como el dólar, sentó las bases para el crecimiento de la industria cripto en Argentina, que ahora se prepara para recibir un marco regulatorio que llevará a la formalización de la industria.
El país tiene una tradición cripto impulsada por ser una vía de protección contra la inflación cuya última variación interanual fue de 193%, según su Instituto Nacional de Estadísticas (Indec). Como uno de los principales países en adopción de criptomonedas en Latinoamérica, ocupa el puesto número 15 en el índice de Chainalysis.
“Más allá de la inversión especulativa, estos usos como lo son los pagos y la protección del valor tienen valor social. Por ejemplo, facilitar una remesa, ayudar a la gente a defenderse contra la inflación”, dice Hongyi Tang, gerente regional para Latinoamérica de la plataforma de activos digitales Trubit. “En general, a los responsables de la formulación de políticas no les importa la inversión especulativa, porque es para un nicho y no es la prioridad de ningún país, pero estas contribuciones ayudan a la sociedad a conocer más el valor de cripto”, agrega.
En este sentido, la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina publicó en marzo de este año la Resolución General N° 994/2024, mediante la cual se creó el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Adicionalmente, en octubre también publicó el proyecto de Resolución General N° 1025/2024 con el proyecto de reglamentación con parámetros y principios que deberán ser cumplidos por los PSAV para la prestación de sus servicios, que estuvo abierta para comentarios públicos hasta la semana pasada.
Esto permite anticipar que la regulación entrará en vigor en 2025.
Protección de los usuarios
El registro de las exchanges y billeteras tiene como objetivo cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que señala que los países e instituciones financieras deben comprender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que puedan surgir en dos áreas principales: nuevos productos y prácticas comerciales y nuevas tecnologías, como los relacionados a los activos virtuales.
Mientras que la reglamentación hace énfasis en la protección del consumidor y divide las actividades que deben registrarse como PSAV en cinco categorías: el intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias, intercambio entre una o más formas de activos virtuales, la transferencia de los mismos, custodia y/o administración de tokens o instrumentos que permitan su control y, finalmente, participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta o venta de un activo digital por parte de un emisor.
De acuerdo con la plataforma de criptoactivos Bitso, en Argentina se observa preferencia de los usuarios por la compra de stablecoins, como USDC o USDT, por ser activos vinculados al dólar, principalmente para proteger sus ingresos y patrimonio de la volatilidad, más que para buscar rendimientos mediante inversiones en bitcoin. La fintech señala que la mayor cantidad de compras se produce en la primera semana del mes, lo que da cuenta que muchos adquieren criptos al cobrar el salario.
“Consideramos que la articulación entre el sector público y privado es esencial para el desarrollo de políticas inclusivas que promuevan la innovación y protejan a los usuarios. El desafío es seguir avanzando con distintos aspectos de la regulación, como la claridad y equiparación con otros actores del sistema financiero de la carga tributaria”, comenta Carlos Peralta, líder de asuntos públicos de Bitso Argentina.
La empresa celebra el papel de la regulación proactiva para el sector, especialmente por la visibilidad y calidad que esta puede otorgar a la industria. Sin embargo, Peralta identifica que el mayor desafío es que esta no imponga una carga excesiva que pueda sofocar la innovación o empujar a los usuarios hacia plataformas no reguladas, con los riesgos que esto conlleva.
“[Lo ideal es] contar con una regulación inteligente y articulada entre los distintos órganos del Estado, que vaya creciendo de forma gradual con esta nueva industria, de modo de impulsar la adopción de los activos virtuales de manera segura, lo que contribuirá a la inclusión financiera y a la construcción de una infraestructura financiera más rápida y eficiente”, indica Peralta.
Por su parte, Tang destaca el momento que se vive en la región: además de la adopción, las propuestas procripto de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, y la apreciación de bitcoin en las últimas semanas, han creado un contexto para que Gobiernos tomen un papel más activo.
“Vemos más iniciativas regulatorias. Hablar de eso ya no es un tabú, todo mundo entiende más o menos de qué trata cripto. Hay otras economías avanzadas que están promoviendo marcos regulatorios en la Unión Europa, Inglaterra, Hong Kong, Singapur. Vemos que el Gobierno de Trump mandará buenas señales hacia el sector cripto a nivel global, es una tendencia irreversible”, señala Tang.
Formalidad fiscal
En el contexto de formalización del sector que se vive en Argentina, el órgano fiscalizador de ese país, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó la Resolución General N° 3.537 donde se aprobó el “Clasificador de Actividades Económicas”, que incluyó nuevas actividades digitales.
Con ello, ARCA tiene el propósito de identificar de manera precisa a los contribuyentes que deben pagar impuestos por actividades en plataformas de comercio electrónico, así como streaming. Además, contempla actividades relacionadas con criptomonedas como la transacción, custodia y minado.
“No es un cambio tributario sino una clarificación normativa y un ejemplo más sobre cómo los reguladores se van adaptando y la industria se encuentra cada día más formalizada. La regulación va avanzando gradualmente; por supuesto, siempre es perfectible y en el tema tributario todavía queda mucho por hacer para evitar distorsiones. En este sentido, venimos trabajando y junto con la Cámara [Fintech] hemos acercado al Gobierno una propuesta al respecto”, comenta Peralta de Bitso.
Estas inclusiones fiscales no repercutirán en los usuarios.
Relación con la economía
En otros hechos que están impulsado la adopción y evolución normativa del sector cripto en Argentina, se encuentra la reciente aprobación de nuevos Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR), instrumentos de renta variable que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que replicarán criptomonedas como bitcoin y ether. Además, se están considerando propuestas regulatorias para la tokenización, un proceso que consiste en representar activos reales a través de tokens digitales en la blockchain.
Este avance se refleja también en el volumen de transacciones con stablecoins, que en Argentina asciende al 61,8% del total de las transacciones con activos digitales; un porcentaje coloca al país por encima del promedio mundial de 44,7%, según datos de Chainalysis.
“Para algunos países, las stablecoins se utilizan como un activo para protegerse contra el riesgo y la inflación, debido a las dificultades de sus propias monedas locales. Esto es especialmente visible en Latinoamérica”, resalta Tang, gerente regional de Trubit.
En este contexto, un análisis realizado por Chainalysis sobre el volumen mensual de transacciones de monedas estables en Bitso y su relación con el peso argentino reveló que, tras la caída de esta moneda por debajo de 0,004 dólares en julio del 2023, el valor mensual de las transacciones de monedas estable aumentó a más de 1 millón de dólares el mes siguiente. Mientras que, en diciembre del 2023, cuando el peso argentino se ubicó por debajo de los 0,002 dólares, el volumen superó los 10 millones de dólares.
“Los usuarios argentinos se destacan por ser quienes más eligen comprar dólares cripto en Latinoamérica, ya que ven a las stablecoins como una alternativa valiosa frente a los desafíos económicos del país”, señala el líder de asuntos públicos de Bitso Argentina.
