La transformación digital del sistema financiero es uno de los procesos regulatorios más relevantes que enfrenta América Latina en la actualidad. La expansión del open banking y, más recientemente, de los modelos de Finanzas Abiertas (Open Finance), promete cambiar de manera estructural la forma en que personas y empresas acceden a servicios financieros, ejercen control sobre sus datos y se benefician de una mayor competencia e innovación.
Sin embargo, la pregunta clave ya no es si los países deben avanzar hacia esquemas de Finanzas Abiertas, sino cómo hacerlo. En esta discusión, el caso chileno ofrece una señal interesante para la región: la decisión de priorizar una implementación gradual, con pruebas controladas y énfasis en la gestión de riesgos, antes que una adopción acelerada que podría comprometer la confianza del sistema.
En Chile, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha sometido recientemente a consulta pública modificaciones relevantes a la normativa que regula el Sistema de Finanzas Abiertas, en el marco de la Ley Fintech. Estas propuestas ajustan el calendario original, incorporan fases piloto y habilitan mecanismos de prueba previos a la entrada en vigencia obligatoria del sistema. Lejos de representar una marcha atrás, estos cambios reflejan una comprensión más madura de la complejidad técnica, operativa y jurídica que implica abrir el ecosistema financiero.
El objetivo del Sistema de Finanzas Abiertas es claro y ampliamente compartido en la región: permitir que los clientes sean dueños de su información financiera y puedan compartirla, con su consentimiento, entre distintos proveedores. Esto favorece la interoperabilidad, reduce barreras de entrada, impulsa la innovación y mejora la oferta de productos y servicios, especialmente para personas, pymes y trabajadores independientes. En teoría, se trata de un círculo virtuoso entre competencia, inclusión y eficiencia.
No obstante, la práctica muestra que estos beneficios no se materializan automáticamente. La apertura de datos financieros implica manejar información altamente sensible, operar infraestructuras críticas y coordinar a actores con capacidades muy dispares. Un despliegue apresurado puede generar fallas operacionales, problemas de calidad de datos o, en el peor de los casos, brechas de ciberseguridad con efectos sistémicos.
Las modificaciones propuestas en Chile buscan precisamente mitigar estos riesgos. En primer lugar, se extiende el plazo de entrada en vigencia del sistema hasta julio de 2027, otorgando a los participantes más tiempo para adecuar sus procesos, plataformas tecnológicas y modelos de gobernanza. En segundo término, se establece una implementación gradual, con hitos intermedios y un tratamiento diferenciado para distintos tipos de proveedores, reconociendo la heterogeneidad del ecosistema financiero.
Particular relevancia tiene la incorporación de un periodo piloto en dos fases. La primera, de carácter voluntario, permitirá realizar pruebas en entornos acotados y con exigencias reducidas. La segunda, obligatoria, operará como una transición hacia el régimen completo, manteniendo ciertas flexibilidades iniciales. A esto se suma la habilitación de áreas de prueba controladas, una herramienta que permite identificar fallas técnicas y operativas antes de que el sistema entre en producción a gran escala.
Desde una perspectiva regional, este enfoque resulta especialmente pertinente. América Latina enfrenta un aumento sostenido de los riesgos digitales: crecimiento del fraude en línea, sofisticación del crimen organizado y uso intensivo de nuevas tecnologías para explotar vulnerabilidades del sistema financiero. En este contexto, la confianza de los usuarios es un activo crítico. Un solo incidente grave puede erosionar años de avance regulatorio y desacreditar modelos que, en esencia, buscan beneficiar a los consumidores.
Otro elemento destacable de la experiencia chilena es la preocupación por evitar que las Finanzas Abiertas se conviertan en un espacio dominado exclusivamente por grandes actores. La propuesta de participación simplificada para proveedores más pequeños apunta a reducir barreras de entrada y fomentar un ecosistema más diverso, una cuestión especialmente sensible en mercados latinoamericanos caracterizados por altos niveles de concentración.
Naturalmente, estas decisiones no están exentas de debate. Mientras algunos actores del sector financiero valoran la extensión de plazos y la gradualidad como una forma de reducir riesgos, parte del ecosistema fintech ha expresado preocupación por un posible retraso en los beneficios asociados a la mayor competencia. Esta tensión es comprensible y, en muchos sentidos, saludable: refleja la necesidad de equilibrar innovación, protección al consumidor y estabilidad del sistema.
Lo relevante es que esta discusión no se limite a un dilema entre “avanzar rápido” o “avanzar lento”. La verdadera disyuntiva es entre avanzar de manera sostenible o arriesgar la legitimidad del modelo. La experiencia comparada muestra que los esquemas de Open Finance más exitosos son aquellos que combinan ambición regulatoria con pragmatismo técnico, y que reconocen que la apertura de datos es tanto un desafío tecnológico como jurídico, institucional y cultural.
Para otros países de la región —como México, Colombia, Perú o incluso aquellos que ya han avanzado más, como Brasil— el caso chileno ofrece una lección relevante: la gradualidad no es sinónimo de falta de compromiso con la innovación, sino una estrategia para asegurar su viabilidad en el tiempo. En un entorno donde los datos financieros son cada vez más centrales para la inclusión y el desarrollo económico, construir sistemas robustos, seguros y confiables es tan importante como abrirlos.
En definitiva, las Finanzas Abiertas representan una oportunidad histórica para modernizar los sistemas financieros de América Latina. Pero su éxito dependerá menos de la velocidad del cambio y más de la calidad de su implementación. Apostar por una apertura responsable, con estándares claros, pruebas adecuadas y gestión efectiva de riesgos, puede marcar la diferencia entre una promesa incumplida y una transformación real y duradera.
Andrés Pumarino Mendoza, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Magíster en Gestión de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Postítulo en Derecho Informático, Facultad de Derecho Universidad de Chile. Curso de Liderazgo Estratégico en Ciberseguridad, Florida International University EE.UU, cuenta con más de 25 años de experiencia en materia de derecho y tecnología, es director de empresas y asesora a organizaciones en materia de derecho y tecnología a empresas del sector financiero, tecnológicas, entre otras. Socio de Pumarino Consultores.
