El avance acelerado del fraude digital presiona a nivel global y ha obligado al sector público argentino a actualizar sus protocolos de prevención, investigación y persecución del delito, en una tarea cooperativa con el gremio fintech para mejorar procedimientos.
Según el Banco Mundial, los incidentes cibernéticos en América Latina crecen a un ritmo del 25% anual, mientras los países de la región siguen atrasados en recursos técnicos, normativos y de talento para investigar y responder a estos ataques.
“En entornos digitales la información de cómo sucedieron los hechos, la posibilidad de investigar requiere siempre de una buena interfaz entre el sector público y privado”, opina para iupana Marcos Salt, coordinador del grupo de Prevención de Fraude de la Cámara Argentina Fintech (CAF).
“No hay posibilidad de que una fiscalía pueda investigar un ciberfraude si no cuenta con la cooperación de las empresas, que son los que tienen los datos”, continúa.
A mediados de julio, la CAF firmó un convenio de colaboración con el ministerio de Seguridad Nacional del país, con el objetivo de fortalecer estrategias para identificar e investigar el ciberdelito. Sin esta interoperabilidad entre actores públicos y fintechs, muchos casos serían complejos para la investigación fiscal.
El especialista agrega que la urgencia es global para bancos y fintechs, ya que el delito en entornos digitales no respeta fronteras, y que países como Argentina y Perú ya firmaron el segundo protocolo adicional de la Convención de Budapest (2022), el principal marco internacional para perseguir ciberdelitos.
“Todavía no está vigente porque falta la aprobación por las legislaturas, pero por primera vez se ve la posibilidad que un país le pueda pedir a una empresa privada los datos de manera directa, sin utilizar los canales de cooperación internacional formal”, asegura Salt.
Una regulación alineada a los ciberfraudes
Uno de los obstáculos para avanzar en la cooperación público-privada es la incertidumbre legal que enfrentan las empresas al compartir información.
El uso de herramientas de inteligencia artificial en la prevención de fraudes ha mejorado la detección, pero también genera falsos positivos que pueden derivar en responsabilidades legales.
“Hay empresas que te pueden decir: ‘yo podría hacer esto, pero no quiero tener un juicio posteriormente’, porque si se traba una transacción por error, puede haber algún tipo de responsabilidad”, advierte Salt.
El especialista sugiere la creación de marcos normativos que permitan a las compañías actuar ante operaciones sospechosas por un tiempo determinado, con el argumento que tuvieron suficientes indicios para congelar la operación.
Una fiscalía no exclusiva de abogados
El acuerdo entre el gremio fintech y el Estado argentino incluye capacitaciones y jornadas de trabajo entre fiscales y empresas y aunque hay avances importantes, el especialista advierte que los contextos electorales pueden desplazar su importancia.
Las fiscalías especializadas tienen talento capacitado para comprender y abordar las nuevas modalidades de fraude digital, pero el desafío está en expandir estos conocimientos.
“El problema es cómo trasladamos esto al común de la gente del poder judicial”, advierte Marcos Salt.
Añade que la persecución del ciberdelito exige equipos interdisciplinarios, cambiando el paradigma de que solo profesionales del derecho conformen estos equipos.
“No puedo pensar en una fiscalía solo con abogados”, sentencia Salt.
