El sector de pagos en Paraguay ve con preocupación la normativa que el Banco Central propone para regular al iniciador de pagos, una pieza clave en el desarrollo de un esquema de finanzas abiertas. Sin embargo, la Cámara Paraguaya de Fintech espera que evolucione la forma en cómo se mueve y desarrolla el mercado, sobre todo con las nuevas facultades conferidas al regulador para normar el sistema de pagos local.
La próxima norma para la iniciación de pagos “da una luz de esperanza de que eso [el open finance] suceda”, dijo a iupana Cesar Romero, líder de la vertical de pagos en el gremio.
En ese esquema, el iniciador es el puente que convierte el acceso a datos en acciones transaccionales, así que no solo accede a la información financiera del cliente (saldos, movimientos, historial), sino que también ejecuta transacciones en nombre del cliente, con su consentimiento, directamente desde su cuenta bancaria.
Pero el proyecto presentado por el Banco Central de Paraguay (BCP) a mediados de julio para regular al Proveedor de Servicio de Iniciación de Pagos (PISP) ha levantado más dudas que certezas sobre la poca claridad con la que la autoridad configura el mercado de pagos. El mercado espera que el banco se abra al diálogo con los actores para esquematizar de mejor forma el tratamiento normativo para el sector.
“Entendemos que la voluntad del banco central va en esa dirección, pero reclamamos que, como ya estamos jugando este partido -no somos nuevos-, el riesgo es que lo que ya existe se comprometa porque la regulación no abarca toda la realidad del ecosistema”, dijo Romero.
Observaciones a la propuesta del BCP
El borrador categoriza a muchos actores que actualmente no tienen regulación -como pasarelas, adquirentes, sub adquirentes, etc.- y no determina el rol que juega cada quien en dicho marco, de acuerdo con el representante de la Cámara. “Nos faltan detalles en los procedimientos”, apuntó.
El vocero agregó que para la formulación de este proyecto, el gremio no fue convocado para su elaboración, lo que califican como un “riesgo” debido a que no están considerando su experiencia local y regional en este esquema.
El Banco Central menciona en la propuesta que el PISP deberá cumplir con requisitos de capital mínimo equivalente a 140 salarios mínimos legales vigentes (más de US$ 53 mil), haciendo gravosa su participación, de acuerdo con Mario Paz, senior associate de BCA Legal.
“Exige un capital para empresas que no necesariamente manejan dinero de terceros. Simplemente es un sistema de mensajería donde se emite una orden de pago para pasar de una cuenta a otra. Son negocios que, por su naturaleza, tienen una estructura ligera”, dijo también a este medio.
Responsabiliza al PISP la protección de los datos personales de clientes y el cumplimiento de políticas PLAFT, cuando Paraguay no cuenta con una Ley de Protección de Datos Personales, y los PISP no han sido determinados como sujetos obligados de reporte de operaciones sospechosas ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, respectivamente.
Para el abogado, estas primeras aproximaciones del BCP a la regulación deben hacerse “desde cero” a fin de determinar el rol que juega cada actor en el ecosistema y cuáles son sus responsabilidades. «Algo que está mal desde su origen, no puede salir bien. Puede correr la misma suerte del EMPE, y hoy los números de las empresas de dinero electrónico hablan por sí solos: hay pocos competidores y los pocos que hay no son tan rentables”.
