Este año, por primera vez, los bots superaron a las personas en internet. Según Cloudflare, ya generan el 57% de las solicitudes a páginas web, impulsados por agentes de inteligencia artificial (IA) que buscan, comparan y compran por encargo. Su CEO, Matthew Prince, estima que en cinco años ese tráfico podría ser mil veces mayor que el humano.
Por ello, el sistema financiero ya toma nota. El 28 de setiembre, el Banco Central Europeo convocó a empresas para explorar el uso de agentes de IA en pagos con euro digital. En Perú, el BCRP prepara para fin de año el piloto de TAPP, que permitirá pagar desde una cuenta bancaria mediante apps de terceros, mientras avanza con la SBS hacia las finanzas abiertas. Esos son los rieles por los que mañana podrá circular un agente IA.
La relación entre el banco y el cliente cambiaría de raíz. El agente puede pagar, iniciar transferencias, recomendar inversiones, ejecutar instrucciones y contratar productos: en la práctica, se convierte en un nuevo canal de distribución. Para atenderlo, el core bancario dejaría de ser un receptor silencioso y pasaría a exponer servicios que puedan descubrirse e integrarse.
Sin embargo, integrarse es la mitad del reto; la otra mitad es generar confianza. Esa confianza tiene una base legal clara. Si el agente pertenece al banco, este responde por todo el flujo, aunque un tercero brinde la tecnología. Si pertenece al cliente, el banco no responde por sus elecciones, pero sí por autenticar la operación y pagar dentro del mandato recibido.
El Reglamento peruano de la Ley de IA considera de alto riesgo ciertos usos financieros y exige informar al usuario cuando interviene la IA, además de explicar las decisiones que lo afectan. A ello se suma la supervisión humana: estos sistemas deben permitir que una persona revise y revierta lo decidido por el agente. La SBS, por su parte, ha convertido al público objetivo en el parámetro para evaluar el producto, el canal y la pantalla. Por eso, la posibilidad de hablar con una persona dependerá del usuario: quizá no sea necesaria para alguien plenamente digital, pero sí para un microempresario rural con poca experiencia. La transparencia ya no se juega solo en la tarifa, sino también en el algoritmo y la interfaz.
El supervisor tampoco está desarmado. Si bien la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM no tiene potestad sancionadora, la SBS sí puede intervenir cuando una falla del agente revela una gestión deficiente del riesgo operacional o del riesgo de modelo: tiene competencia para supervisar y puede sancionar ese incumplimiento. La pregunta para los directorios ya no es si adoptarán agentes, sino si podrán demostrar, operación por operación, qué se informó, qué se autorizó y quién tomó la decisión. Sin esa trazabilidad, la tecnología escalará; pero la confianza, no.
María del Carmen Yuta es experta en regulación bancaria, fintech y servicios financieros digitales, con 15 años de trayectoria en los ámbitos público y privado. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, posee un Máster Ejecutivo por el Nuovo Istituto di Business Internazionale de Milán y un Máster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad ESAN. En su destacada carrera profesional, entre otros, se ha desempeñado en el área legal de la SBS, consultora del Banco Mundial y actualmente es socia de la firma Vodanovic.
